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Boletín de prensa 9 de noviembre de 2011
EL TIEMPO
TAMBALEAN EN CONGRESO PROYECTOS PARA LA PAZ Y REFORMA A LA JUSTICIA
Si no se aprueban estos dos proyectos claves del Gobierno este martes, se hundirían.
En la cuerda floja en el Congreso están dos reformas constitucionales prioridad del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
El marco jurídico para la paz y la reforma de la justicia tienen una prueba de fuego en las plenarias de Cámara y Senado, respectivamente, ya que si no son aprobados hoy, en el segundo de ocho debates, se hundirán por tiempos.
Por tratarse de enmiendas constitucionales deben aprobarse en ocho debates en una misma legislatura. Esto quiere decir que ambos proyectos deben haber cumplido su trámite antes del 20 de julio del próximo año.
La ley dice que la primea vuelta (aprobación en Cámara y Senado) debe tramitarse en la primera parte de la legislatura, es decir antes del 16 de diciembre próximo. Ambas iniciativas están pendientes de segundo debate, y de aprobarse hoy se deberá esperar 15 días hábiles para que comience a discutirse en tercer debate.
Así las cosas, si son aprobados hoy estos proyectos, entrarían al siguiente debate hasta el próximo 30 de noviembre, y al cuarto ochos días después (si pasan) que sería cerca del 13 de diciembre, o sea en la última semana de trabajo legislativo.
El marco jurídico para la paz es prioritario para el Gobierno porque le permite emprender desmovilizaciones masivas de grupos armados ilegales.
También está pendiente de discutirse si se revive o no la posibilidad de que los reinsertados tengan vocería política, lo cual se aplazó en la Comisión Primera de la Cámara, porque generó el rechazó, especialmente, de la mayoría de la bancada del Partido Liberal y del Polo.
Y la reforma de la justicia busca reorganizar todo el sistema judicial del país, por lo cual se buscó el consenso con las altas cortes. Aunque ya se han aprobado 14 de los 32 artículos, aún quedan pendientes temas polémicos como el fortalecimiento del fuero militar y la doble instancia para el juzgamiento a congresistas.
De otro lado, esta mañana la bancada del partido de 'la U' de la Cámara se reúne con el presidente Juan Manuel Santos, con el fin de conjurar la rebeldía que se impuso la semana pasada por estos representantes en esa corporación, lo que retrazó una semana la agenda legislativa.
Sectores liberales señalaron que el ex presidente Álvaro Uribe estaba detrás de esa rebelión, por cuenta de supuestos mensajes de texto que les enviaba a los representantes para que se salieran de la plenaria.
La razón sería el malestar del ex mandatario por el nombramiento del jefe liberal, Rafael Pardo, en el Ministerio de. Trabajo.
Sin embargo, a su llegada a Palacio, el representante de 'la U' Wilson Gómez desmintió estas afirmaciones. "En ningún momento el ex presidente Uribe ha llamado a algún congresista para señalar que hay que sabotear las plenarias", dijo.
Según la bancada, las razones del descontento que los llevó a abandonar las plenarias la semana pasada son, entre otras, la adjudicación de carros y su seguridad personal, al igual que su representación en el gabinete.
SILLA VACÍA APLICARÁ PARA DELITOS PENALES QUE COMETAN LOS
Así quedó establecido en la reforma de la justicia que se aprobó en segundo debate en el Senado.
Un nuevo artículo que se le incluyó a la reforma de la justicia contempla que la figura de la silla vacía aplicará para todos los delitos penales por los que sean condenados los congresistas.
Esta figura fue creada mediante la reforma política que se aprobó en el 2009, pero solo aplicaba para el delito de concierto para delinquir cuando tenía relación con nexos de legisladores con grupos ilegales. Ahora, aplicará para cualquier conducta de carácter penal.
"Se hizo extensivo para que rija para todos los delitos de de carácter penal, de manera que cuando un parlamentario sea condenado por cualquier delito se producirá el fenómeno de la silla vacía", explicó Germán Vargas Lleras, ministro del Interior.
La plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de reforma de la justicia, considerado una de las prioridades de la agenda legislativa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
El proyecto pasa ahora a segunda vuelta en la Cámara, donde tendrá los tiempos apretados porque debe ser aprobado antes del 16 de diciembre, pero, por ley, solo llegará a discusión en esa corporación hasta el 30 de noviembre.
El ex presidente Álvaro Uribe pidió públicamente hundir el proyecto, pero su llamado no tuvo acogida en el Congreso e incluso los senadores que se consideran cercanos a él votaron favorablemente todo el articulado de la iniciativa.
El fortalecimiento del fuero militar, uno de los temas más polémicos del proyecto, finalmente se dejó en el articulado de la iniciativa. La plenaria negó una proposición del Polo que pedía hundirlo.
Los legisladores también aprobaron implementar la doble instancia en el juzgamiento a congresistas.
Se estableció para la primera instancia la creación de una sala de instrucción que será integrada por cinco magistrados, quienes serán elegidos a través de concurso público por los presidentes de las altas cortes, excepto el de la Corte Suprema. El juzgamiento lo hará otra sala de igual número de integrantes, quienes se elegirán de acuerdo a un procedimiento que aún está por establecer.
La segunda instancia queda en manos de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
Se ampliará la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas cortes de 65 a 70 años y se volverá al sistema de cooptación para elegir a los integrantes de estos tribunales. Sin embargo, se les impuso una inhabilidad de 1 año después del retiro para permitirles hacer política.
También se dio vía libre a eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara para darle paso a un tribunal especial, integrado por juristas con calidades de magistrados, que se encargarán en la investigación y juzgamiento de altos funcionarios del Estado.
Frente a la descongestión judicial se avaló que notarios y algunos abogados tengan facultades de jueces para dirimir procesos considerados de pequeñas cuantías, mientras que a las altas cortes se le quitarán algunas funciones de elección.
El tema de la tutela, por común acuerdo de las partes, no se tocó y seguirá funcionando como hasta hoy en día, lo que indica que estos fallos deberán enviarse finalmente a la Corte Constitucional que decidirá si los selecciona o no para revisión.
En el tema del Consejo Superior de la Judicatura se elimina la Sala Administrativa para darle vida a la Sala de Gobierno, que se encargará de la administración de la rama.
Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia, afirmó que la administración de la rama es un tema que "toca manejarlo con criterio gerencial, y la Sala Administrativa no respondió a los criterios con los que se creó".
A la Sala Disciplinaria se le quitó una sala auxiliar de instrucción que se creaba con el proyecto, y se determinó expresamente que "no conocerán de la acción de tutela".
Para el presupuesto de la rama judicial, se acordó que será anualmente de acuerdo al índice de inflación esperado más un dos por ciento adicional.
Frente a la discusión del articulado en general, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, afirmó que "nadie quiere afectar la autonomía".
Al final de la discusión se incluyó un artículo para que el Procurador General pueda disciplinar a los integrantes de la sala de Gobierno que no tengan la calidad de magistrados.
PASÓ LA REFORMA DE LA JUSTICIA CON APOYO URIBISTA
La reforma de la justicia cumplió ayer su segundo debate en la plenaria del Senado con el respaldo de todas las bancadas y en el que se omitió el llamado del ex presidente Álvaro Uribe a hundir el proyecto.
Durante el trámite se incluyó un nuevo artículo que amplía la figura de la silla vacía. Esto quiere decir que se aplicará a todos los delitos penales por los que sean condenados los congresistas.
La silla vacía se implementó con la reforma política que se aprobó en el 2009, pero solo se aplica al delito de concierto para delinquir cuando está relacionado con nexos de legisladores con grupos ilegales. Ahora regirá para cualquier conducta de carácter penal.
"Cuando un parlamentario sea condenado por cualquier delito, se producirá el fenómeno de la silla vacía", explicó Germán Vargas Lleras, ministro del Interior.
El fortalecimiento del fuero militar, uno de los temas más polémicos del proyecto, finalmente se dejó en el articulado de la iniciativa. La plenaria negó una proposición del Polo que pedía hundirlo. Los legisladores también aprobaron la doble instancia en el juzgamiento de congresistas. La primera tendrá una sala de instrucción, con 5 magistrados.
EL ESPECTADOR
SE APLICARÁ SILLA VACÍA A CUALQUIER CONDENA CONTRA UN CONGRESISTA
La reforma a la justicia incluyó un artículo con esa idea. Además, se aprobó el proyecto con fuero militar e impedimento de un año para que magistrados hagan política tras salir del cargo.
Aunque el presidente Álvaro Uribe Vélez había pedido a La U no apoyar el proyecto de reforma a la justicia, esa idea no tuvo acogida.
La plenaria del Senado en segundo debate aprobó el proyecto y dejó en manos de la Cámara que no se hunda en los dos debates restantes que debe ser aprobado antes de cerrarse este periodo legislativo el 16 de diciembre.
De la reforma a la justicia se destaca un nuevo artículo que contempla la aplicación de la ‘silla vacía’ para cualquier condena contra un congresista.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que se hizo extensivo para que la ‘silla vacía’ rija para todos los delitos de carácter penal.
“Cuando un parlamentario sea condenado por cualquier delito se producirá el fenómeno de la silla vacía”, explicó. Actualmente, esa figura sólo aplica cuando los congresistas tengan nexos con grupos armados ilegales y narcotraficantes, según se aprobó en la reforma política de 2009.
De otro lado, se mantuvo el artículo que establece el fuero militar para los uniformados del país.Esa iniciativa, del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aunque tuvo el respaldo de la mesa de unidad nacional, la principal defensa estuvo por cuenta de los partidos La U y Conservador.
Aunque se pretendió regular el tema, el Partido Liberal retiró su proposición y permitió que sea discutido el tema más adelante.
De otro lado, se estableció que los magistrados quedarán inhabilitados por un año para hacer política o para ejercer la profesión al terminar su periodo en la magistratura.
Aunque el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, buscaba la inhabilidad de 5 años, tan sólo logró que se fijara por un año.
“Nada más lamentable que los espectáculos que hemos visto de magistrados que terminando su magistratura o renunciando a ella salen a la actividad política o al ejercicio profesional”, señaló.
Además, se concretó que la edad mínima para ejercer como magistrado debe ser de 45 años, con 20 años de experiencia y por periodos de 12 años. Además la edad de jubilación será a los 70 años.
LA FÓRMULA DE SANTOS PARA LA DESCONGESTIÓN JUDICIAL
Habrá facultades para notarios y algunos abogados para que puedan resolver más de dos millones de procesos represados.
El Gobierno Nacional logró aprobar en segundo debate el proyecto de reforma a la justicia.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, explicó la fórmula del Gobierno para poder acabar con los más de dos millones de procesos represados en los despachos judiciales.
La primera idea, según Esguerra, es que haya una posibilidad de atribución excepcional y transitoria de funciones jurisdiccionales a los notarios, a los centros de arbitraje y conciliación, a funcionarios administrativos de los juzgados y a algunos abogados.
De otro lado, habrá una desjudicialización para lo cual se creará un organismo que se encargará de acompañar el procedimiento para ciertas conductas que actualmente tienen la condición de delictivas y que éstas puedan desjudicializarse.
“La iniciativa establece que pueda resolverse más rápido y el ciudadano de a pie pueda tener más pronta justicia”, agregó.
EL NUEVO SIGLO
FORTALECIENDO FUERO MILITAR PASÓ EN II DEBATE REFORMA A JUSTICIA
“Este proyecto es bastante mejor que aquel que salió de la Comisión Primera del Senado. Creo que va por muy buen camino y que tiene muy buenos augurios”: Esguerra.
Tras más de 10 horas de discusión, y atendiendo el llamado del Gobierno Nacional para darle visto bueno a este acto legislativo, la plenaria de senado aprobó en segundo debate el proyecto de reforma constitucional a la justicia.
Desde el punto de vista del Gobierno, la reforma contempla modificaciones a la Carta Magna para hacer más ágil y expedito el acceso a la justicia y la descongestión de los despachos judiciales, entre otros temas.
“El Gobierno está seguro de que esta reforma le va a permitir impulsar, con las Altas Cortes, una política de choque para que finalmente en este país se supere el problema de la mora en la justicia, del acceso a la misma y de algunos inconvenientes de carácter institucional. Creo que esta reforma apunta al camino correcto para que la justicia tenga mayores recursos, un mejor órgano de administración y se resuelvan problemas en el juzgamiento de aforados, entre otros temas”, indicó el ministro del Interior, Germán Vargas.
En la sesión de ayer, según el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, importantes modificaciones quedaron plasmadas en el texto del proyecto: “Este proyecto es bastante mejor que aquel que salió de la Comisión Primera del Senado. Creo que va por muy buen camino y que tiene muy buenos augurios”.
En este segundo debate, la plenaria aprobó el otorgamiento excepcional de funciones jurisdiccionales a servidores judiciales diferentes a jueces y magistrados, como notarios, abogados en ejercicio y centros de conciliación y arbitraje, entre otros, con el fin de que puedan resolver algunos conflictos y así contribuir a la descongestión de los despachos judiciales.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA RECHAZA REFORMA A LA JUSTICIA
COMUNICADO DE PRENSA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca manifiesta su oposición a la Reforma Constitucional a la Administración de Justicia.
La reforma como ha sido planteada no cumple con la finalidad de reducir la morosidad de los procesos judiciales ni la descongestión de los despachos, puesto que la misma ha sido encaminada a modificar la conformación y las competencias del aparato judicial mas no con la finalidad de superar una presunta crisis de la administración de justicia. En particular nos oponemos a las siguientes modificaciones.
1 Transformación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
Se plantea transformar la Sala Administrativa del CSJ por otro cuerpo colegiado denominado Sala de Gobierno del CSJ conformado por 9 integrantes, los presidentes de cada una de las 4 altas cortes mas un delegado de cada una de ellas y un delegado de jueces y magistrados. El presidente de la Sala Disciplinaria es el presidente del CSJ.
La transformación de la Sala Administrativa del CSJ resulta a todas luces inconveniente por las siguientes razones:
1. Los presidentes de las altas cortes y sus delegados van a tener que separarse de sus funciones jurisdiccionales para dedicarse a funciones administrativas, lo que causará un mayor retraso de los procesos jurisdiccionales a su cargo
.
2. El Consejo Superior de la Judicatura será presidido por el Presidente de la Sala Disciplinaria del CSJ lo que hace que necesariamente dicho funcionario coadministre la rama judicial y es claro que la Sala Disciplinaria solamente representa a la rama legislativa por ser ella quien los elige, por ende, no representa a la Rama Judicial por su origen. La función disciplinaria debe ejercerse por un ente independiente que no tenga injerencia ni en la administración de los recursos humanos ni en el presupuesto de la rama judicial.
3. La intervención con voz de un delegado del Ministerio de Justicia le quita autonomía a la rama judicial y vulnera el artículo113 de la Constitución sobre separación de poderes públicos.
4. La administración actual de la rama judicial por parte de la Sala Administrativa del SCJ, organismo independiente y autónomo de las Altas Cortes y del Gobierno, ha garantizado la autonomía de la rama judicial debido a que:
a. El manejo del presupuesto ha sido independiente a los intereses de las altas cortes y del gobierno.
b. Se ha preocupado y ha logrado la construcción y adecuación de las sedes judiciales dignas
c. Se ha implementado en debida forma la carrera judicial mediante concursos de méritos
d. Realiza permanentemente programas de capacitación de funcionarios y empleados de la rama judicial por intermedio de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
e. Ha adelantado frecuentemente programas de descongestión que han contribuido a aliviar las cargas de los empleados y funcionarios judiciales y brindado una justicia más pronta en beneficio de los usuarios.
f. Ha elaborado listas amplias (hasta de 18 integrantes) para acceder a cargos de altas cortes, lo que ha permitido que se mantenga la participación de magistrados y miembros de la judicatura en la composición de altas cortes.
2. Fortalecimiento de las funciones de la Sala Disciplinaria del CSJ.
En la reforma se le extiende la competencia de dicha sala al examen de la conducta de los empleados de la Rama Judicial que en la actualidad está en cabeza de los nominadores (jueces y magistrados), se le concede poder preferente jurisdiccional disciplinario para avocar cualquier investigación y se le concede poder para investigar a los funcionarios de la Corte Constitucional. Reforma que consideramos inapropiada por cuanto atenta contra la autonomía de los funcionarios de la rama judicial por las siguientes razones:
1. Los empleados de la rama judicial deben continuar siendo disciplinados por su nominador por cuanto hace parte del poder de nominación el disciplinar a los subalternos.
2. El poder preferente por parte de la Sala Disciplinaria es inconveniente porque se alteran las reglas del debido proceso del juez natural, que es una base del derecho sancionador de conformidad con el artículo 29 de la Constitución. Todo funcionario debe saber de antemano quien lo va a disciplinar y que esta competencia no varíe por razones de conveniencia de cualquier índole o por presiones externas.
3. El poder disciplinario ejercido por las Salas Disciplinarias del CSJ debe ser de carácter administrativo y no jurisdiccional en aplicación de los principios de la igualdad, debido proceso y de la doble instancia, previstos en los artículos 13, 29 y 31 de la Constitución, pues para los demás servidores públicos de las otras ramas del poder, ejecutivo y legislativo, las decisiones disciplinarias en su contra son de carácter administrativo y son controlables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
4. No es conveniente que la Sala Disciplinaria investigue a los magistrados de la Corte Constitucional quienes tienen competencia para revisar en última instancia las acciones de tutela y en especial las tutelas contra providencias judiciales aún las proferidas por las Altas Cortes, incluida la Sala Disciplinaria del CSJ porque a través de ese poder disciplinario podría ejercerse una indebida presión a los magistrados de la Corte Constitucional.
5. Para ejercer los cargos de magistrado de Sala Disciplinaria del CSJ debería exigirse una experiencia de mínimo 20 años de ejercicio jurisdiccional efectivo como juez o como magistrado, pues en la actualidad la gran mayoría de ellos no tienen experiencia en el manejo de procesos y expedientes, lo que les resta legitimada para el ejercicio de su función.
3. Oposición a los privilegios a los miembros de Altas Cortes.
La reforma contempla elevar el período a 12 años y la edad de retiro forzoso a los 70 años además de un régimen pensional especial, reformas que consideramos inconvenientes por lo siguiente:
- El aumento del período y de la edad de retiro disminuye la posibilidad de renovación de las altas cortes, lo que contraría el principio democrático de libre acceso a cargos públicos.
- Genera un trato desigual frente a los demás servidores públicos de la rama judicial y de las otras ramas del poder público.
- La reforma se aplicará a los actuales miembros de altas cortes, por lo que la opinión pública concluirá que se pretende favorecer a esos funcionarios.
- Se desconocieron las propuestas presentadas por jueces y magistrados para que el acceso a altas cortes se hiciera por concurso o por lo menos con una alta participación de miembros de la judicatura.
3. No a la inclusión del Fuero Militar en la reforma a la justicia.
Es un tema que no hace parte de los problemas que aquejan a la rama judicial ni las propuestas al mismo contribuyen a solucionar la congestión. Por el contrario, consideramos que contribuyen a la impunidad, pues los delitos comunes cometidos por miembros de la fuerza pública no deben ser conocidos por la justicia penal militar..
MARIA MARCELA DEL SOCORRO CADAVID BRINGE
Presidente
“Esto se trata no solo de avanzar en el tema de la descongestión, sino también en salir a ofertar justicia en temas en donde hoy los colombianos tienen poco acceso. Esto sería una verdadera revolución en materia de masificar la Justicia”, explicó Vargas.
De igual manera, el articulado aprobado por el Senado creó la doble instancia para el juzgamiento de los congresistas, que sigue en cabeza de la Corte Suprema de Justicia pero ahora con salas independientes para la investigación y el juzgamiento en primera instancia. La segunda instancia queda a cargo de la Sala Penal de ese alto tribunal.
El artículo que fortalece el fuero militar también recibió el visto bueno del Senado. Y para atender los requerimientos de la Rama Judicial, se le dio vía libre al tema de la financiación, garantizándole a este poder la autonomía presupuestal. Los recursos asignados al poder judicial crecerán en un porcentaje igual al de la tasa de inflación esperada, más un incremento adicional del 2 por ciento. Y durante los cinco años siguientes a la entrada en vigencia de la reforma, el Gobierno Nacional asignará 200.000 millones de pesos, cada año, para los procesos de descongestión judicial.
En el texto del proyecto de reforma constitucional a la justicia, se incluyó un artículo que extiende la silla vacía a cualquier conducta de tipo penal, de manera que cuando un congresista sea condenado por cualquier delito se producirá esta figura.
En 15 días, este proyecto pasará a tercer debate, de los ocho que debe surtir un proyecto de acto legislativo, en la Comisión Primera de la Cámara. Si es aprobado, le faltará el cuarto y último debate en esta legislatura, en la plenaria de la misma corporación para, en marzo del año entrante, comenzar la segunda vuelta en la Comisión Primera del Senado.